Fracaso sistemático en Alemania: el escándalo de la discriminación y la pasividad de 2026

En 2023 fui despedido de mi puesto en el servicio público de Renania-Palatinado, en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Salud (MWG), en unas condiciones profundamente discriminatorias. Desde ese día he acudido a todas las instituciones de denuncia y supervisión que conozco. La respuesta ha sido casi siempre la misma: silencio o un «no somos competentes».

El 5 de enero de 2026 envié una solicitud formal (Eingabe) a más de 4000 responsables políticos y medios de comunicación en Alemania. El objetivo es sacar a la luz el fracaso sistemático de las instituciones de control en este estado federado. Esta página documenta y registra de forma transparente todas las fases del caso, y se actualiza con regularidad.

Estado actual del caso (última actualización: 14 de mayo de 2026)

• Petición europea: Mi petición ante la Comisión Europea ha sido admitida formalmente y está en trámite. Los siguientes pasos dependen de la evaluación interna de los documentos enviados.
• Tribunal Administrativo de Maguncia: La demanda por inactividad administrativa (Untätigkeitsklage) se ha registrado con el número de expediente 1 K 242/26.MZ y está en curso. Aún no se ha dictado sentencia.
• Nuevos documentos del ministerio: Tras registrar la demanda, el ministerio presentó por primera vez documentos cuya existencia había negado rotundamente con anterioridad. De estos documentos se desprende que no se cumplieron varias obligaciones legales, entre ellas el deber de esclarecimiento, de documentación y de audiencia a la otra parte.
• Delegado de Protección de Datos (LfDI): El 26 de abril de 2026 comuniqué nuevas discrepancias a este organismo y todavía no he obtenido respuesta. Como este proceso sigue su curso, de momento no publico más detalles. Si la respuesta no es convincente, lo explicaré con más detalle.

El caso de un vistazo

Informe completo de actualizaciones (de más reciente a más antigua)

22 de abril de 2026: Confirmación oficial del «dictamen de 2023» y llegada del caso a los tribunales

Tras mi ultimátum al ministerio y la denuncia de control ante el LfDI, la situación del caso ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. Varios documentos nuevos demuestran ahora de forma oficial que el Ministerio de Ciencia y Salud de Renania-Palatinado (MWG) ha estado dando información contradictoria durante meses y ha mantenido ocultas partes del expediente.

1. Confirmación oficial del mediador regional: El 21 de abril de 2026 recibí una carta del mediador regional que confirma por primera vez de manera oficial que el ministerio elaboró un dictamen sobre mi caso en 2023 y se lo envió únicamente al mediador. Esta confirmación contradice directamente lo afirmado por el ministerio el 23 de marzo de 2026, jornada en la que tachó de «malentendido» la existencia de cualquier documento.

2. Silencio ante mi evaluación jurídica: Mi escrito jurídico del 10 de marzo de 2026 sobre la vulneración de la transparencia, la violación del derecho a ser oído, la posible infracción de la legislación de la UE e incluso los indicios de arbitrariedad se quedó completamente sin respuesta. Ahora el motivo está claro: responder no encajaba con la siguiente versión del ministerio.

3. Inicio del proceso judicial: Debido a la falta de entrega de documentos y a las prórrogas unilaterales, el 8 de abril de 2026 interpuse una demanda por inactividad administrativa (Untätigkeitsklage) ante el Tribunal Administrativo de Maguncia (expediente 1 K 242/26.MZ). El procedimiento está en marcha, se han fijado las tasas judiciales y he aportado los nuevos documentos al tribunal.

4. Dimensión estructural: La confirmación del mediador demuestra que ni siquiera un organismo independiente ha tenido acceso al expediente completo. Esto plantea graves interrogantes sobre la gestión de archivos a nivel regional.

Conclusión: Los documentos existían, me los han ocultado, el ministerio ha dado versiones contradictorias y ahora un organismo oficial ha confirmado esta contradicción. Yo sigo adelante en el camino de la transparencia. Ocultar documentos no solo arruina un caso personal; socava la confianza de la ciudadanía en el estado de derecho.

25 de marzo de 2026: Ultimátum al ministerio y denuncia de control al LfDI

Tras más de 10 semanas de demora, el ministerio calificó de repente de «malentendido» la existencia de las investigaciones de 2023. Como respuesta, el 24 de marzo de 2026 puse en marcha una ofensiva jurídica y política:

1. Ultimátum de 14 días al ministerio: Exigí formalmente que me dieran acceso completo al expediente en el plazo de dos semanas.

• Base jurídica: Artículo 15, apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) en combinación con la Ley de Transparencia del estado federado (LTranspG RLP).
• Contradicción flagrante: Los cargos públicos primero confirmaron que hubo una revisión exhaustiva en 2023 y ahora dicen que no hay ningún documento. Esto es indefendible desde el punto de vista legal. El único criterio aplicable es que esta información concierne a mi propia persona.
• Consecuencia: Si el plazo (7 de abril de 2026) transcurre sin resultados, queda abierta la vía de la demanda por inactividad administrativa conforme al artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa alemana (VwGO).

2. Denuncia de control al LfDI (número de expediente LfDI 900-0009#2026/0040-0104):

• Demora: Quería que quedara claro por qué el LfDI ha aceptado las prórrogas unilaterales del ministerio a pesar de mis avisos directos sobre el peligro de que los expedientes desaparezcan.
• Sospecha de arbitrariedad institucional: Cuando un organismo superior del Land primero confirma la existencia de documentos y luego los niega, se ha salido del marco de la Ley Fundamental de Alemania (artículos 3, 19 párrafo 4 y 20 párrafo 3 de la Ley Fundamental de Alemania).

3. Copia para instituciones federales, partidos y medios: Para romper el silencio, ambas cartas se enviaron simultáneamente en copia (CC) a estas instituciones, entre ellas: la Oficina del Presidente Federal, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), los despachos de diputados del Bundestag y del parlamento regional (incluidos Koçak de La Izquierda, Wachenbach de la CDU y el partido BSW), la Oficina Antidiscriminación (ADB RLP) y la redacción de la revista Spiegel (Der Spiegel).

Mi resumen: El sistema intenta eludir su responsabilidad echando mano de excusas y negando los expedientes a posteriori. Pero nuestra cronología detallada e ininterrumpida demuestra lo contrario. No voy a dejar que la burocracia hostil con los ciudadanos me desgaste. Quien hace desaparecer los expedientes destruye la confianza en todo el Estado de derecho.

15 de marzo de 2026: Nueva prórroga del plazo y endurecimiento de la protesta legal

A pesar de la mediación oficial del LfDI, el ministerio sigue alargando las cosas:

• Nuevo retraso: El ministerio ha vuelto a pedir cuatro semanas de prórroga. No es de recibo que ahora hagan falta más de diez semanas para entregar los documentos de un expediente que, según dicen, se «cerró» en 2023.
• Confrontación legal: He confrontado formalmente al ministerio y al LfDI con 18 violaciones de la normativa legal; entre ellas, los artículos 3 y 19 de la Ley Fundamental, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 12 de la ley de transparencia del Land (LTranspG RLP), que recalca la entrega «inmediata» de información.
• Mi exigencia: No me vale con un comentario superficial. Si los documentos siguen incompletos o no se argumenta al detalle sobre estos 18 puntos, queda abierta la vía de la demanda por inactividad administrativa según el artículo 75 de la VwGO.

Quien gana tiempo busca ocultar la verdad. No voy a permitir que los derechos legales de la ciudadanía sean pisoteados por tácticas de desgaste administrativo.

28 de febrero de 2026: Contradicción en el ministerio y entrada en escena del supervisor de transparencia del Land

• El juego sucio del ministerio: Tras meses de silencio, el ministerio reaccionó el 21 de febrero y prorrogó el plazo de respuesta alegando la «complejidad del asunto» y la «necesidad de consultar a terceros». Todo esto cuando antes presumía de que el expediente de 2023 estaba completamente cerrado.
• Intervención del LfDI: El 25 de febrero de 2026, la oficina del comisionado de protección de datos y libertad de información (LfDI) intervino oficialmente con el número de expediente 900-0009#2026/0040-0104 y exigió explicaciones al ministerio por no entregar los documentos.
• Pregunta sin respuesta: Si la investigación terminó en 2023, ¿por qué ahora hace falta consultar a «terceros» y «más tiempo» para entregar esos mismos papeles? Esta contradicción demuestra que antes no se hizo ninguna investigación justa y transparente.

19 de febrero de 2026: Respuesta de la Oficina Federal de Justicia y callejón sin salida de la ley de protección de informantes

L llegó la respuesta del centro de alertas del gobierno federal en la Oficina Federal de Justicia (BfJ). Este organismo confirmó que ha analizado toda mi documentación —incluyendo la indiferencia de las instituciones del Land y el intento de un diputado regional de intimidarme—, pero anunció que no puede tomar medidas.

El motivo es un callejón sin salida legal de lo más extraño: como ya he hecho público mi expediente en YouTube, dejo de estar amparado por la ley de protección de informantes (HinSchG). Desde su punto de vista, esta ley solo protege a quienes denuncian información que no es pública.

Mi conclusión: Esto es una paradoja dentro de un Estado de derecho. Quien se atreve a destapar las vergüenzas públicas pierde su protección legal como informante según esta interpretación. El meollo del asunto, es decir, la discriminación sistemática y el silencio de las oficinas en Renania-Palatinado, sigue sin respuesta.

5 de febrero de 2026 (16 de Bahman de 1404): Tres nuevas respuestas

Cancillería Federal (Bundeskanzleramt): Mi expediente llegó a la Cancillería. En una respuesta oficial, además de recalcar la importancia del asunto para el gobierno federal, se confirmaron los fallos estructurales y se propuso seguir el tema a través de la Oficina Federal de Justicia. Mientras que la máxima instancia ejecutiva del país ve el asunto digno de ser investigado, las oficinas del Land siguen guardando silencio.

Comisionado de la Policía Federal: Como cabía esperar, se declaró incompetente porque el expediente compete a la administración de Renania-Palatinado y no a la policía federal. Cada institución se esmera en certificar su propia «incompetencia», pero la pregunta clave se queda en el aire: cuando todo un Land calla por completo, ¿quién vigila a los vigilantes?

Contradicción en las respuestas de La Izquierda: El despacho parlamentario de Christian Görke (La Izquierda) entendió la gravedad del asunto y pasó el caso al especialista en la lucha contra el racismo, pero la sede central de ese mismo partido (Bundesgeschäftsstelle) se limitó a remitirme a un abogado con una respuesta de chicha y nabo. Este contraste demuestra que la cúpula política suele estar despegada de la realidad de la discriminación estructural, mientras que algunos diputados se esfuerzan a título individual.

24 de enero de 2026 (4 de Bahman de 1404): Avances en las investigaciones oficiales

• Comisionado de los Derechos de los Ciudadanos (U 58/26): En una carta reciente confirmó que está investigando las negligencias del ministerio y de los organismos de control.
• CSU: El segundo expediente se registró con el número CSU-275327-B5B4N9.
• Partido BSW: Mi reclamación quedó registrada con el número 30118216.
• Oficina Antidiscriminación (ADB): Se enviaron los documentos necesarios para la documentación especializada.

21 de enero de 2026 (1 de Bahman de 1404): El expediente llega al parlamento regional

El señor Michael Wachenbach, diputado del parlamento regional (CDU) y miembro de la comisión de sanidad y asuntos sociales, se puso en contacto conmigo en persona justo antes de que se aprobara la nueva ley regional antidiscriminación. (Esta ley entró en vigor en febrero de 2026 bajo el nombre de «Ley regional de igualdad de oportunidades, democracia y diversidad» (LGCDV)).

• Tema: El señor Wachenbach preguntó por el estado de mi expediente (U 58/26) y por cómo están respondiendo los organismos de control.
• Mi respuesta: El sistema actual no funciona; el centro antidiscriminación (LADS) ha admitido que no es independiente y el ministerio presume de investigar el caso sin haberse dignado a hablar ni una sola vez con la víctima.
• Importancia: Mi caso se ha puesto sobre la mesa en el parlamento como ejemplo real para criticar la nueva ley: ¿de verdad esta ley va a ser independiente y tendrá garantías de ejecución, o se va a quedar en un paripé?

19 de enero de 2026 (29 de Dey de 1404): La coartada del ministerio y mi solicitud de acceso a los expedientes

El Ministerio de Ciencia y Salud (MWG) ha respondido a mi informe oficial; un claro ejemplo de cómo ignoran los derechos ciudadanos tras los muros de la burocracia.

• La postura del ministerio: Mi caso fue examinado y documentado «exhaustivamente» en 2023.
• La realidad: Durante todo 2023 no recibí ni una sola llamada ni mantuve conversación alguna. Estudiar un caso sin escuchar a la víctima es pisotear descaradamente su derecho a ser escuchada.
• Mi respuesta: Me he cogido a la Ley de Transparencia del Estado (LTranspG) para registrar una solicitud formal de acceso al expediente y a los supuestos documentos. Si de verdad investigaron algo, que saquen los papeles a la luz.

16 de enero de 2026 (26 de Dey de 1404): Acuse de recibo de AfD

La sede central del partido Alternativa para Alemania (AfD) ha registrado la documentación con un acuse de recibo automático y el número de seguimiento #78441180. Ahora mismo, todo el abanico de partidos políticos, desde el gobierno hasta la oposición, está oficialmente al corriente de este fracaso sistémico.

15 de enero de 2026 (25 de Dey de 1404): Apertura de diligencias en el Defensor del Ciudadano

El Defensor del Ciudadano de Renania-Palatinado (Bürgerbeauftragte) ha registrado oficialmente mi denuncia con el número U 58/26. Al principio se pensaban que esto iba de un chanchullo de la oficina de empleo. Les he dejado claro que lo mío va del «silencio de los ministerios y los organismos de control» ante las chanchulladas y la discriminación, no de un simple despido.

14 de enero de 2026 (24 de Dey de 1404): Número de registro del Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo (OVG)

El Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Renania-Palatinado ha registrado formalmente mis escritos y me ha asignado el número 1402E26-OVG RP-0001. Aunque digan que por ahora no hay base legal para meter mano en el asunto, este registro demuestra que mi denuncia sobre el fallo estructural de las instituciones ya consta en la justicia del Land y no hay Dios que la tape.

12 de enero de 2026 (22 de Dey de 1404): CSU, Los Verdes y el Parlamento de Hesse

CSU: Mi queja ha quedado registrada en su base de datos con el número CSU-222693-J8P2Y7 y está bajo estudio.

Los Verdes en el Bundestag: La diputada Silvia Breitenbach se ha escudado en la separación de poderes para decirme que el Parlamento no da asesoramiento jurídico y que me busque un abogado. A mi modo de ver, esto es escurrir el bulto políticamente de libro. Yo no venía pidiendo asistencia legal, sino que el Parlamento cumpla con su labor de control. Si los representantes se lavan las manos ante el mutismo del ejecutivo, se abre un agujero acojonante en el Estado de derecho.

Parlamento Regional de Hesse: Como la competencia es de las autoridades de Renania-Palatinado, han mandado el expediente al Defensor del Ciudadano de dicho Land; un paso clave para meter más presión a los responsables en Maguncia.

10 de enero de 2026: Respuesta del Centro Estatal contra la Discriminación (LADS)

Me ha llegado la contestación de Mechthild Garich-Koch, al frente del centro antidiscriminación (LADS) en el Ministerio de Familia y Cultura, que viene a darme la razón en lo fundamental:

• Falta de independencia: Han tenido que admitir por escrito que, al depender del ministerio, «no son independientes» ni tienen poder ejecutivo sobre otras oficinas.
• Escudarse en los plazos: En vez de examinar el comportamiento de los jefes y el mutismo de los organismos, se han acogido a que los plazos de la Ley General de Igualdad de Trato (AGG) ya habían expirado.
• El sistema hace aguas: A las víctimas de discriminación institucional, en cuanto los órganos de control internos deciden callar, las dejan tiradas en la estacada.

Cuando un organismo estatal contra la discriminación te reconoce que no es autónomo y se esconde detrás de los plazos legales, el Estado de derecho corre peligro. Estos escritos son otra prueba más de que hace falta una comisión de investigación independiente sí o sí.

Texto íntegro de la solicitud enviada a los diputados del Bundestag (enero de 2026)

Esta es la traducción al persa [NdT: en la versión original en español, se entiende que es la versión fiel] de los documentos que se mandaron en enero de 2026 a más de 4000 cargos políticos en Alemania.

Estimadas señoras y estimados señores:

Esta es una solicitud formal en relación con el colapso sistémico del Estado de derecho en el Land de Renania-Palatinado. Este caso, documentado en los vídeos que adjunto, pone de manifiesto una violación flagrante de los deberes de protección del Estado y de la Ley Fundamental (artículo 3 de la Ley Fundamental de Alemania).

Tras un despido injusto y discriminatorio en el sector público, todas las instancias de control y reclamación a las que he recurrido se han negado a dar señales de vida. Este silencio institucionalizado es, en sí mismo, una forma flagrante de discriminación y síntoma de una disfunción grave en el funcionamiento de un Estado democrático y de derecho.

Descripción del caso: la pasividad como discriminación institucional
Tras mi despido en 2023 en la órbita del Ministerio de Ciencia y Salud, en unas circunstancias de lo más discriminatorias, se desató una cadena de silencio:

• Acudí al comité de empresa, a la dirección del departamento y a la presidencia del organismo.
• Hablé con las autoridades supervisoras y el ministerio competente.
• Hasta la Agencia Federal Antidiscriminación (ADS) pasó olímpicamente de mi escrito.

Este vacío absoluto vulnera mi derecho legal a reclamar (según el artículo 13 de la ley AGG). Además, mi caso debe valorarse al amparo de la Ley de Protección de los Denunciantes (HinSchG), ya que destapa fallos sistémicos en la gestión pública.

Intimidación en vez de transparencia
A raíz de contar mi experiencia, he sufrido intentos directos de amedrentamiento. Un diputado de Los Verdes en el parlamento regional me escribió esto:

«Buenas noches, ¿le pagan por estas gilipolleces o lo hace gratis? [...] Voy a denunciar de inmediato cualquier cosa que sea constitutiva de delito. Se lo prometo. El resto me importa un bledo» (Josef Winkler, diputado regional).

Llamamiento y petición
No estoy luchando solo por mí, pues ya estoy hecho a este dolor. Lucho por mis hijos y por las generaciones venideras, para que la discriminación no tenga cabida en nuestra sociedad. Os pido, como representantes elegidos por el pueblo:

1. Que investiguéis el fracaso estructural de las instituciones públicas a la hora de tramitar las denuncias por discriminación.
2. Que no permitáis que los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes civiles se esfumen por la desidia de los organismos.

Quedo a la espera del acuse de recibo de esta información y de que se me comuniquen los próximos pasos a seguir.

Atentamente, Omid

Documentación en vídeo del caso

• Parte 1 (YouTube)
• Parte 2 (YouTube)
• Parte 3 (YouTube)
• Parte 4 (YouTube)